"Todos los niños y jóvenes, pueden aprender..." es la frase acuñada en el bronce para asegurar el acceso de los estudiantes chilenos, a una educación de calidad... simplemente, no es tan posible garantizarlo...
El escenario educativo nacional, ofrece múltiples alternativas para realizar estudios sobre problemáticas que afectan el desenvolvimiento de un sistema educativo que garantice la real incorporación e integración social, cultural y económica de todos los chilenos a las oportunidades de real desarrollo. En este caso particular, el foco de preocupación, radica en el Impacto que ha tenido en los aprendizajes de los estudiantes a nivel nacional, la creación y puesta en marcha de la Ley N° 20.248 de Subvención Escolar Preferencial.
El año 2008, es el primer año de la puesta en marcha de la ley de Subvención Escolar Preferencial (Ley 20.248), política pública educativa, que busca promover la equidad en la educación y avanzar en cerrar las brechas existentes, por nivel socio-económico en nuestro país. Es una ley, que se presenta como una oportunidad histórica para compensar las diferencias educativas, reconociendo que es difícil educar a estudiantes de sectores vulnerables, por tanto otorga un aporte adicional de recursos, a todas las escuelas de dependencia municipal y con subvención compartida, que tengan entre sus matriculados a estudiantes de escasos recursos, definidos como estudiantes prioritarios.
Los sostenedores de estos establecimientos a lo largo del país, son invitados a participar de esta propuesta en forma voluntaria, firmando un “Convenio de Igualdad de Oportunidades y Excelencia Educativa”. No obstante, la obtención del beneficio a través de nuevos recursos para la escuela, este compromiso también conlleva costos, presiones y exigencias. Los costos inherentes contemplan algunos requerimientos como los mencionados a continuación: primero que todo, desarrollar un diagnóstico institucional en áreas de gestión específicas; elaboración de un Proyecto de Mejoramiento Educativo (PME), que tiene características específicas y definidas; establecer un sistema de monitoreo y medición de los aprendizaje de los estudiantes (obligatoriamente del área de Lenguaje: dominio lector y comprensión lectora); producto de la constatación del diagnóstico, la escuela debe comprometerse con metas cuantificables a corto y largo plazo: como por ejemplo, un aumento de 18 puntos promedio en la prueba SIMCE; el 90% de la población de la escuela, debe – al final del período de cuatro años -, alcanzar logros de acuerdo a parámetros esperados; producto del mismo diagnóstico inicial, se debe determinar la distribución del estudiantado, acuerdo a niveles de logro: estudiantes que se encuentren nivel inicial, estudiantes en nivel intermedio y estudiantes con nivel de logro avanzado, entre otras. Lo anterior y otros indicadores de logro, formará, parte del foco para la mejora, a partir de los cuales se diseñarán las diferentes acciones para el logro de las metas comprometidas, las cuales se revisarán año a año.
En este marco, cada escuela elabora en comunidad, su Proyecto de Mejoramiento Educativo (PME), que se transformará en el dispositivo de gestión y carta de navegación para lograr la tan ansiada mejora en la equidad. Para cada área del proyecto, se deben elaborar acciones concretas que apunten a la superación de las problemáticas constatadas en el diagnóstico y medición de los aprendizajes de los estudiantes, desde NT1 a NB6. Para concretar las metas, cada establecimiento recibe recursos extras, por cada estudiante prioritario, para llevar a cabo estas acciones, no obstante, se le pedirá rendición de los recursos, contra resultados (Prueba SIMCE), al término de períodos de cuatro años.
En noviembre de este año, junto con haberse rendido la prueba SIMCE, se cumplió el término del primer período, de todas aquellas escuelas que suscribieron el convenio el año 2008.
Es una realidad, que tanto en las evaluaciones nacionales como en las internacionales, se revelan bajos niveles de logro en comprensión lectora –a pesar de la leve alza del puntaje en el SIMCE, el presente año-, capacidades específicas del área de Matemática y Ciencias. En nuestro país, esta constatación se hace más evidente en los niños y niñas que se educan en sectores de alta vulnerabilidad socio económica y cultural, como también en las escuelas rurales.
Uno de los aspectos relevante de la Ley de Subvención Escolar Preferencial (SEP), es exigir estándares de desempeño –inicialmente-, en Lenguaje y Comunicación; posteriormente se incluye Educación Matemática y durante el período, se van incluyendo otros Sectores de Aprendizaje (Ciencias e Historia). Para ello, determina un marco en el cual se focaliza la promoción de capacidades y destrezas, llamados Aprendizajes Claves, que favorecen la comprensión lectora y dominio lector, como también aquellas específicas para desarrollar el pensamiento lógico y la resolución de problemas en operatoria y geometría.
El sistema de medición para el monitoreo del avance de dichos aprendizajes, se realiza a través de instrumentos elaborados especialmente para observar el despliegue o no de estas capacidades. En las primeras evaluaciones realizadas el 2008, se utiliza la prueba CLP (Prueba de Comprensión Lectora Progresiva), sin embargo, este instrumento no mide todos los aprendizajes claves del área de Lenguaje, por lo que se debió crear una batería anexa complementaria. Durante el transcurso del proceso, los siguientes instrumentos aplicados a los estudiantes, aportan la primera información que permite establecer un diagnóstico y una base de datos para elaborar acciones en la construcción del Plan de Mejoramiento Educativo, de acuerdo a lo requerido por uno de sus ámbitos: Gestión Curricular.
Considerando todo lo anterior, el principal foco de la problemática, es si realmente han habido cambios de avance en las escuelas, en relación a mejoras en el proceso de aprendizaje- enseñanza y en la calidad de los aprendizaje; sería relevante realizar una investigación que permita obtener información acerca de cuánto han avanzado las escuelas – especialmente las denominadas En Recuperación y Emergentes -, en estos cuatro años, por tanto surgen algunas interrogantes, ¿Cuáles han sido las acciones y el contexto que ha permitido este avance, si lo ha habido? ¿Existe una constante común que oriente el camino hacia la mejora? ¿Han Aprendido más nuestros estudiantes en este período, comparativamente con el período anterior de la puesta en marcha de la ley? ¿Es el PME el dispositivo para mejorar el logro de los aprendizajes de los estudiantes al interior de la escuela?
A pesar de que el gasto en educación desde 1990 se ha cuadruplicado, la inyección de recursos durante todos estos años, proporcionalmente no ha brindado los frutos deseados -en relación a las esperadas mejoras significativas en el aprendizaje de los estudiantes chilenos-, considerando que las importantes brechas de los resultados SIMCE, por nivel socio-económico y dependencia de establecimiento educacional, siguen siendo muy amplias. La modernización del Estado precisa dar énfasis a la mejora del nivel de calidad de la enseñanza para que los estudiantes más vulnerables de nuestro país se sientan más integrados y tengan mejores oportunidades, a través de una enseñanza que les permita comprender mejor su propia vida, la interacción con su entorno y la proyección de sus posibilidades.
Los resultados e impactos alcanzados en este primer período de la ley, hace pensar que el abordaje de este tema sea una novedad, por el solo hecho de que por primera vez, muchas escuelas –apoyadas por recursos- intentan transformar su cultura de gestión, sistematizando prácticas para obtener resultados e instalar políticas que avalen la toma de decisiones.
Un artículo publicado a fines del 2009, señala: “El cambio esperado parece excesivamente alto a la luz de la experiencia internacional en evaluación de programas educativos. Recogiendo evidencia de distintos países, se señala que un aumento de apenas 0,1 a 0,2 desviaciones estándar ya puede ser considerado un resultado muy significativo en la evaluación de un programa educativo (Bloom et al., 2005). Esto se traduciría, para el caso de la prueba SIMCE, en un aumento de 5 a 10 puntos. Ello nos lleva a concluir que las metas sugeridas por el Mineduc, han sido fijadas según criterios muy ambiciosos y el no poder cumplirlas podría significar un costo alto para las escuelas.”
El sistema de accountability que acompaña a la ley, de acuerdo a resultados académicos y otros indicadores de eficiencia interna del funcionamiento escolar, señala que los fondos entregados deben apoyar acciones, por ejemplo, para lograr que el 90% de los estudiantes matriculados en escuelas con Ley SEP (incluidos en ellos, los casi 400 mil estudiantes prioritarios), deben alcanzar una velocidad lectora correspondiente al nivel medio superior ; del mismo modo, que el 90% de la población de las escuelas, debe obtener un desempeño sobre los aprendizajes claves, que supere el nivel intermedio de logro.
Es lógico pensar que la ley SEP, ha provocado un impacto en la escena educativa de nuestro país, considerando que anterior a la promulgación de la misma, existían prácticas aisladas de los establecimientos, sobre cómo mejorar los aprendizajes, la mayoría de ellas, correspondiente a colegios de dependencia particular pagada y algunas honrosas excepciones de escuelas particulares subvencionadas o municipales, que intentaban seguir el modelo de las escuelas eficaces. Aún no se evalúa globalmente el verdadero impacto de esta política educativa, no obstante, a cuatro años de su puesta en marcha, aún persisten las falencias en el sistema operacional en muchas esferas: plataforma informática y el propio sistema de rendición de cuentas; la falta de supervisión de las agencias de asistencia técnica; la escasa o nula independencia de los sostenedores y directivos de las escuelas para la toma de decisiones; la falta de unificación de criterios sobre los dispositivos instrumentales para observar y evaluar el proceso, ya sea en el ámbito de la gestión directiva, convivencial o curricular - lo que en suma -, lejos de provocar un cambio positivo, dificulta, desorienta e instala nuevas problemáticas en las comunidades escolares.
La actual política pública educativa, busca a través de esta ley compensatoria, promover la equidad en la educación impartida en todas las escuelas a lo largo y ancho del territorio, desde aquellas que se encuentran en pequeñas zonas rurales, hasta las escuelas ubicadas en grandes centros urbanos. Si este es un objetivo principal, debe comprobarse si responde en forma real y efectiva a la solución de la problemática para lo cual fue creada.
Las repercusiones de la información que se puede obtener -en términos económicos-, sería por cierto, beneficiosa, porque se podría determinar si la inversión que el Estado realiza, es directamente proporcional al impacto positivo que se persigue. Se podría comprobar, si en Chile el factor aumento de inversión en el sector, es determinante, o no, para mejorar la calidad de la enseñanza.
Aún existen alrededor de 8.281 establecimientos potenciales a entrar en la SEP y a pesar de que el estudio contempla un período de cuatro años atrás (2008 al 2011), la relevancia de la información genérica o específica que se puede obtener en esta investigación, sobre aspectos claves que facilitan o dificultan el proceso al interior de la escuela, puede aportar una guía, que mejore el diseño de ésta o futuras políticas educacionales en nuestro país, por tanto, plantear la iniciativa de una investigación que constate el impacto de una Ley que entrega, – como nunca antes -, recursos económicos a los sostenedores, para mejorar la calidad del servicio educativo en nuestro país, tiene una implicancia social asociada, porque contribuye a que los directos favorecidos de la ley, obtengan el beneficio de recibir una buena educación. Desarrollar una investigación sobre este tema, brinda además, la posibilidad de contribuir con un nuevo conocimiento teórico y práctico sobre la gestión pedagógica y administrativa del sistema escolar, puesto que dichos resultados podrán ser aplicables en la actualidad o a futuro, sobre dichos fenómenos u otros asociados, para ayudar a explicarlos, entenderlos y mejorarlos.
Todo lo antes señalado, hace que la investigación sobre esta problemática tenga relevancia, sobre todo, si a esto se suma que hoy en día que existen escasos estudios sobre el tema; algunos de ellos realizados antes del término del primer período (4 años), por lo que la oportunidad de hacer una investigación al momento en que se cierra un primer ciclo y que además, los actores involucrados rendirán cuentas, se convertiría en un aporte relevante para sostenedores, docentes directivos, profesores, estudiantes, padres y el país, considerando que cada año, más escuelas están firmando el Convenio de Oportunidades por cuatro años, enfrentándose por primera vez a un escenario nuevo, con exigencias, presiones y un fondo por administrar en pos del logro de las metas.
Los resultados que están recogiendo las propias escuelas y las entidades que brindan asesoría externa (Asesoría Técnica Educativa, ATE) a los establecimientos educacionales, durante estos cuatro años, han aplicado instrumentos para recoger información de los aprendizajes claves, en Lenguaje y Matemática, por lo que es interesante investigar qué y cómo han hecho; lo mismo para aquellas escuelas que trabajan sin asesoría externa, qué hacen con esta información y cómo diseñan estrategias para abordar y mejorar esta realidad.
Elacqua Gregory, Mosqueira Ursula y Santos Humberto La toma de decisiones de un sostenedor: Análisis a partir de la Ley SEP. En Foco Educación. Expansiva UDP. Instituto de Políticas Públicas.Santiago, Chile, año 2009.
Elacqua Gregory, Mosqueira Ursula y Santos Humberto La toma de decisiones de un sostenedor: Análisis a partir de la Ley SEP. En Foco Educación. Expansiva UDP. Instituto de Políticas Públicas.Santiago, Chile, año 2009.
